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Expropiación para la instalación de ascensor

La comunidad de vecinos ha decidido instalar un ascensor de forma que va a entrañar la pérdida total de mi trastero . A mi entender, esta pretensión de la comunidad de vecinos solamente puede ser calificada de pura expropiación forzosa que vulnera mis derechos como propietario según los arts. 348 (CC) y 33 de la Constitución.

El estudio de arquitectura responsable del proyecto de obras ha tasado el trastero de 2.94 m2 en €548,60. Lo que me llama la atención de dicho informe es la carencia de transparencia sobre el origen de los baremos de tasación aplicados. A mi solicitud de aclaración al arquitecto sobre el método de cálculo utilizado recibo una respuesta vaga e inconcreta. Estoy en absoluto en desacuerdo con dicha valoración y mi intención es la de solicitar un resarcimiento por la pérdida total de la funcionalidad del trastero (y por lo tanto del valor de la vivienda a la que pertenece) como un espacio importante para el almacenamiento. ¿Cómo podría realizar una valoración razonable con el fin de solicitar una indemnización que me indemnice por el perjuicio que causaría la eliminación total de un espacio privativo?

Respuesta

La expropiación para la instalación de ascensor es posible, pero debe reunir ciertos requisitos.

Se fundamenta en el apartado c) del artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, que obliga a los propietarios a "... permitir en él (su local o vivienda) las servidumbres imprescindibles requeridas para la ... creación de servicios comunes ... acordadas conforme a lo establecido en la presente Ley, teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados."

Hasta la última modificación de la LPH, por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, que derogó el artículo 11, el apartado 4 del referido artículo establecía que "las innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y disfrute de un propietario requerirán, en todo caso, el consentimiento expreso de éste", por lo que no era factible la expropiación para la instalación de ascensor.

La jurisprudencia contradictoria, y la legislación autonómica, empezando por la Ley del Suelo y Urbanismo del País Vasco,y continuando con las leyes de Vivienda de Navarra y Castilla y León, que dieron lugar a ordenanzas imponiendo la expropiación para la instalación de ascensor en numerosos municipios de estas autonomías, fueron dejando de lado la necesidad de la autorización de los afectados, desaparecida finalmente con la mencionada Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana.

De hecho, antes de la menciona LRRR, el Tribunal Supremo, en su sentencia 732/2011, de la Sala 1ª, de 10 de octubre de 2011, ya eliminó el consentimiento del propietario o propietarios afectados, fijando definitivamente la jurisprudencia: "... la instalación de un ascensor en una comunidad de vecinos que carece de este servicio, considerado como interés general, permite la constitución de una servidumbre con el oportuno resarcimiento de daños y perjuicios, incluso cuando suponga la ocupación de parte de un espacio privativo, siempre que concurran las mayorías exigidas legalmente para la adopción de tal acuerdo, sin que resulte preceptivo el consentimiento del copropietario directamente afectado y que el gravamen impuesto no suponga una pérdida de habitabilidad y funcionalidad de su espacio privativo.”

No obstante, la ocupación de zonas privativas mediante expropiación para la instalación de ascensor precisa los siguientes requisitos:

  • Acuerdo adoptado por la doble mayoría de propietarios y de cuotas que se establece en el artículo 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.
  • La superficie expropiada no puede impedir la habitabilidad o funcionalidad de la vivienda o local afectado.
  • Indemnización al propietario o propietarios expropiado/s.

Con ello, aunque se posibilita la expropiación, sigue siendo necesario el acuerdo afectado/comunidad sobre la cuantía de la misma. Lo conveniente en estos casos es contratar los servicios de un profesional habilitado para realizar un dictamen pericial, cuyo objetivo será establecer de forma justificada el valor del bien a expropiar, de acuerdo con unos criterios previamente establecidos y desarrollando una metodología adecuada al fin propuesto. Y a partir de ese informe, negociar y ponerse de acuerdo y, en último caso, acudir a los tribunales.

Aun sin conocer la ubicación del inmueble, la valoración que nos indica parece demasiado baja. Tampoco parece adecuado que la tasación de la superficie a expropiar la lleve a cabo quien va a realizar la obra, y menos todavía que no se justifiquen los resultados obtenidos.

 


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