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¿Por qué necesitamos Protección Jurídica?

Protección jurídica

Con frecuencia oímos hablar de Seguros de Protección Jurídica, y casi siempre pensamos que eso no va con nosotros, que no lo necesitamos. Pero la realidad es que, tanto los Administradores de Fincas como las Comunidades de Propietarios, o los arrendadores de viviendas o locales están necesitados de una protección jurídica que les cubra muchas de las eventualidades que pueden ocurrirles en el desempeño de sus actividades como tales.

¿Por qué el Administrador de Fincas necesita Protección Jurídica?

Porque trabajar gratis no es una opción recomendable, salvo que se transforme en una ONG.

Porque, tanto si causa un daño como si es perjudicado, tiene derechos que son defendibles.

Porque, ya sea una pyme o ejerza como autónomo, uno de sus principales problemas será el cobro de honorarios y facturas impagadas.

Porque el gobierno actual está legislando a una velocidad que ni las máquinas son capaces de digerir, y estos cambios nos pueden pillar con información desfasada.

En definitiva, porque necesita que alguien muy profesional defienda sus derechos en cuanto a prestaciones sociales, conflictos laborales e inmuebles, ayudándole a redactar o revisar sus contratos, de manera presencial o por teléfono.

Puede ser un episodio de agresión física o verbal por parte de un comunero, un ex empleado que se inventa una agresión o un acoso, la defensa de la imagen de empresa o profesional, conflictos de vecindad en el propio despacho, o cualquier asunto administrativo, incluso con el vehículo propio o los que la empresa disponga para sus empleados; la reclamación de daños causados por terceros, los gastos de peritaje e informes, las tasas judiciales y -sobre todo- la defensa penal, ahora que las empresas pueden ser penalmente responsables, son situaciones que también pueden resolverse con este seguro. Se trata de conseguir que ningún problema legal le impida gestionar su actividad profesional, porque no es suficiente tener buenos amigos para recibir un consejo, ya que acudir a la justicia cuesta dinero y tener una segunda opinión que le asesore jurídicamente es una tranquilidad. Y merece la pena invertir del orden de 80 euros al año para tener resueltas todas estas contingencias, aunque las multas y sanciones administrativas no están cubiertas.

¿Por qué una Comunidad de Propietarios necesita estar protegida jurídicamente?

Porque una organización como la Comunidad de Propietarios puede necesitar de asesoramiento jurídico y defender las necesidades, derechos e intereses de los propietarios.

Porque este seguro se ocupa de reclamar el impago de gastos, cuotas y derramas por obras, ayudando a equilibrar las cuentas en estos momentos en los que la morosidad es uno de los graves problemas que tienen las Comunidades de Propietarios.

Porque también permite reclamar a algún propietario que no respete las normas de convivencia o cometa infracciones normativas sobre los elementos comunes o estéticos.

Porque a veces es necesaria una defensa frente a la impugnación de acuerdos.

Porque permite adelantar los gastos para mantener los servicios del edificio, y reclamar a empresas por obras o reformas mal ejecutadas.

Porque también es habitual tener que defenderse o reclamar en contratos de suministros con empresas eléctricas, gas, telefonía, jardinería, piscinas, seguridad, vigilancia, gestoría, publicidad, limpieza, etc.

Porque algunas veces se presentan discrepancias con el informe pericial encargado por el seguro multirriesgo de la comunidad y es necesario incurrir en gastos de otro peritaje e incluso obtener un adelanto de los gastos reclamados judicialmente.

Porque el Administrador de la Comunidad también puede hacer uso de esta póliza al tener la condición de asegurado.

Todas las situaciones detalladas y las no mencionadas expresamente, conllevan gastos de tasas judiciales, derechos y costas derivadas de la tramitación de los procedimientos, honorarios profesionales, certificaciones, suplidos, gastos notariales y de otorgamiento de poderes y fianzas para obtener libertad provisional, avalar la presentación al acto del juicio o responder del pago de las costas.

Si el precio medio de un buen seguro es de 250 euros anuales, es fácil concluir con la bondad de su contratación.

Y en caso de necesitar asesoramiento previo, puede obtenerlo por teléfono durante las 24 horas, o personalmente a través de los despachos colaboradores.

¿Por qué el Arrendador debe tener un seguro de Protección Jurídica?

Porque una vivienda en alquiler es una inversión costosa y debe dar beneficios a su propietario. La aplicación práctica de la legislación sobre arrendamientos en caso de conflictos con el inquilino no garantiza una solución rápida, por lo que es necesario un asesoramiento en la selección del inquilino, aportado por un equipo de especialistas que defienda sus intereses y tenga en cuenta los aspectos clave del alquiler para conseguir la tranquilidad de la propiedad.

Porque esta póliza asegura el impago de los alquileres, garantizando hasta 12 meses el cobro de la renta mensual fijada en el contrato, dando tiempo suficiente para el desalojo.

Porque se hace cargo de los desperfectos por actos vandálicos para que no merme el valor del patrimonio del arrendador.

Porque un equipo de abogados se encargará de solucionar cualquier conflicto derivado del contrato de arrendamiento, y también por incumplimiento de contratos de servicios de reparación, mantenimiento, aseguradoras y Consorcio.

Porque litigar no es gratuito ni sencillo, y por ello se incluyen todos los gastos de los procedimientos y, por supuesto siempre tendrá disponible un teléfono de asesoría.

Si tenemos en cuenta que esta protección supone un 3,5 % de la renta anual, lo que significa un coste medio de alrededor de 300 euros al año, es evidente que se puede comprar tranquilidad low cost y utilizar esta póliza como garantía imprescindible para tener inquilinos seguros.

José Silva

Director Técnico

José Silva Correduría de Seguros S. L.

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